Descentralización de la Educación
El modelo de descentralización seguido en México estuvo condicionado en su diseño e instrumentación por un conjunto de factores políticos:
un régimen presidencialista, de partido único/hegemónico y con una estructura corporativa clientelar. El caso mexicano se califica como un proceso de descentralización lineal, que parte del centro hacia la periferia, en el que la autoridad central preserva el control sobre los elementos decisivos del sistema educativo, a saber: la responsabilidad por los planes y programas educativos, la negociación salarial, los aspectos sustantivos de la carrera docente, así como el control de la mayor parte de los recursos fiscales, mientras que a los gobiernos locales se les delega los aspectos operativos y, acaso, la posibilidad de agregar contenidos propios al currículo.Por todo esto, el mexicano es un modelo muy peculiar en el contexto de otros procesos de descentralización en América Latina. Los acuerdos políticos fundamentales registrados en el ANMEB fueron fruto de la negociación del Ejecutivo Federal con el SNTE, más que con los gobiernos estatales. Los componentes del Acuerdo fueron parte de la concertación para sustentar la decisión de fondo: transferir la operación de los servicios educativos federales a los gobiernos locales, garantizando el carácter nacional del sistema educativo.
El Acuerdo hizo coincidir este proceso, al que denominó federalización, con un amplio programa de reforma pedagógico-curricular de la educación básica y una reforma docente. Esto mezcló la transferencia de responsabilidades operativas-administrativas federales hacia las entidades, con un acto de reafirmación de la autoridad federal sobre la dirección técnica del sistema educativo ante los gobiernos locales. Además, los términos del Acuerdo resolvieron las demandas del SNTE en lo laboral (nuevo escalafón salarial para el magisterio nacional), en lo legal (titularidad de la representación de los trabajadores), en lo organizativo interno (su integridad como organización gremial nacional) y en lo político (su carácter como interlocutor de la SEP en las grandes decisiones sobre el sistema educativo).
El Acuerdo planteó cuatro estrategias:
1) Incremento del gasto educativo por parte tanto del gobierno federal como de los estatales;
2) Reorganización del sistema educativo, con dos ejes:
Federalismo educativo, que traspasa a los gobiernos estatales los establecimientos escolares, los recursos materiales y financieros de educación básica y normal, quedando al gobierno central la
responsabilidad de la normatividad. Participación social, que comprende a maestros, padres de familia y autoridades, para lograr una mayor vinculación de la comunidad hacia el correcto funcionamiento de las escuelas.
3) La re-formulación de los contenidos y materiales educativos: reforma de contenidos y métodos en preescolar; programas de estudio y libros de texto de primaria, re-implantación del programa por asignaturas en secundaria, en lugar de áreas.
4) La re valoración de la función magisterial: actualización, salario profesional, vivienda, carrera magisterial y aprecio social por su trabajo.
En marzo de 1993 se publicó una reforma al artículo 3º constitucional y en julio del mismo año fue sancionada la nueva Ley General de Educación (LGE). En ella se ratificó de manera precisa el conjunto de decisiones pactadas en el ANMEB, además de que se oficializó una política de Estado en materia de equidad para la educación básica, así como definiciones respecto a la evaluación del sistema educativo. El gobierno federal conservó un papel preponderante en garantía del carácter uniforme y nacional del sistema educativo, partiendo de la premisa de que “la diversidad que aparece con la autonomía estatal podría convertirse en una amenaza para el papel homogeneizador de la educación del Estado” (Pardo, 1999). Por ende, las regulaciones y el papel preponderante del ejecutivo federal pretendieron justificarse en fines más amplios, como la equidad e igualdad de oportunidades.
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